[resumen.cl] Luego que se hiciera público que el Gobierno pagó vía trato directo y sin ningún atisbo de transparencia $619 millones a la empresa Unholster para una plataforma en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, la AFDD exigió el término del contrato e investigaciones al interior del Ministerio de Justicia.

A fines de la semana pasada, el medio Ciper hizo público el millonario pago de parte del Gobierno hacia la empresa Unholster, quien sería la encargada de desarrollar «una plataforma informática que debiera facilitar la gestión de información sobre personas detenidas desaparecidas» en el marco de implementación del Plan Nacional de Búsqueda.

Así las cosas, los $619 millones se pagaron sin licitación alguna, estableciéndose un trato directo entre la empresa y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

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En su sitio web, Unholster indica que «es una empresa especializada en Data Science, Data as a Service, Análisis de Datos y Desarrollo de Software a medida», contando entre sus clientes a grandes empresas cuestionadas por sus prácticas con las comunidades como también afectaciones hacia ecosistemas. Entre estas, se encuentran Forestal Arauco, Colbun, AES Gener, Enel y Transelec; como también amplía su cartera de clientes hacia las inversiones de las AFP, como lo es el caso de MetLife.

Ante esto, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) emitió una contundente declaración en la que categorizan como inaceptable el hecho, cuestionando el hecho de que «se hagan negocios en torno a la búsqueda de nuestros familiares Detenidos Desaparecidos; que se pretendan "privatizar los archivos" y entregarlos a privados subestimando, además, los ofrecimientos de universidades y organismos internacionales».

En la misma línea, desde la organización cuestionaron la transparencia del trato, luego que «las agrupaciones familiares no fueran informadas de estos procedimientos», apuntando a los organismos públicos que manejaban la información pese a la realización de al menos tres reuniones en lo que va del año, donde «en ninguna se mencionó el cuestionado contrato».

Ante esto, la AFDD exigió «el término del contrato con la empresa Unholster y que se investiguen, identifiquen y sancionen las responsabilidades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la operación», catalogando estos hechos como procedimientos que «perjudican e impiden avanzar en la anhelada búsqueda de verdad y justicia».